El presente proyecto de ley ha sido elaborado teniendo en cuenta especialmente el proyecto presentado ante esta honorable Cámara, por el poder ejecutivo de la Provincia de Mendoza en Abril de 2018, Expediente 74.118, así como también diversos anteproyectos en la materia. Adhiriendo a la totalidad del referido proyecto, a excepción del Artículo 2 respecto la Competencia.

Dicho expediente 74.118 establece el juicio por jurado popular prevé la implementacion para delitos previstos en el articulo 80 del Codigo penal argentino y los que con ellos concurren según las reglas del articulo 54 y 55 del codigo de fondo siempre que deban ser juzgados simultaneamente con aquellos; es decir, unicamente ha de devenir competente con relación a delitos imputados como dolosos que hayan causado la muerte de una o más personas, y de los que con ellos.

Creemos que es menester ampliar la implementación del instituto cuando corresponda juzgar, delitos contra la administración pública comprendidos en el título XI Capitulo VI, VII, VIII y IX y IX Bis., libro II del Código Penal; resulta fundamental en atención a las especiales circunstancias actuales, que el sistema sea aplicado para aquellos que generen repercusión pública importante y que involucren intereses públicos o privados que despierten la atención de la comunidad toda, aunque su calificación legal no prevea un resultado de muerte atribuido a título doloso. Es decir, incluye el sistema el juzgamiento de hechos que por su naturaleza (cohecho, tráfico de influencias, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito) constituyen aquellos casos a partir de los cuales el ciudadano fija su punto de vista acerca de la idoneidad del sistema judicial, su imparcialidad y su eficacia para recomponer el equilibrio fracturado por el conflicto. El sistema debe ser aplicado a la resolución de cuestiones sensibles, que deben ser recompuestas con el consenso de la comunidad, aunque objetivamente el Código Penal no prescriba penas elevadas para ello.

Debe tenerse presente el preámbulo de CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION incorporada por ratificación en la Ley 24.759, que rige en nuestro país desde el año 1997. Dice:

“CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;

PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;

RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción:

RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio, así como respecto de los bienes producto de estos actos;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;

TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y

DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

En la misma legislación se compele a dar participación a la sociedad en mecanismos para combatir la corrupción. “Capitulo III. Punto 11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.”

LA NECESIDAD DE CIUDADADANOS SOBERANOS PARA RESOLVER LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION GUBERNAMENTAL

La Constitución Nacional, nos estableció un camino para la consecución de los objetivos del Estado de Derecho en cuanto a la Administración de Justicia, la institución del jurado que los constituyentes de la reforma del año 1994 no han reformado ni derogado los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 que integran el mandato que establece el juicio por jurados.

Dado que lo mismo permitiría inhibir los intereses particulares que pretenda influir en la designación de los jueces y en el trámite de los procesos judiciales, por sobre todo como pasa en este momento histórico de decadencia y crisis de las instituciones públicas que se encuentra enquistado en todos sus tejidos y en especial en los poderes del Estado.

El juicio por jurados “es” la herramienta que amplia y corrige el poco o nada del poder punitivo de los actuales Estados puestos al servicio de los poderes privados (carteles, mafias, corporaciones, etc) y su contubernio necesario con malos funcionarios públicos. Por el contrario remueva los límites del Estado soberano (de ciudadanos soberanos) para la participación legítima, en el sentido de justificada moral y políticamente. Limitando y ayudando al sistema judicial tradicional en su ejercicio, hoy afectado, por las graves consecuencias, en las incoherencias de su administrativización o ejercicio meramente actuarial e injustificable, tanto moral como políticamente.

Sin una efectiva participación de los individuos (como ciudadanos soberanos) en el poder punitivo que continúa en manos de funcionarios (políticos, jueces, policías) cuya “virtud e idoneidad solo ha sido calificada por el partido gobernante de turno” y por lo tanto no es público en sentido democrático. La participación democrática real, sin manipulaciones de las corporaciones políticas y económicas, es un argumento de efectiva legitimación (y no otro -falaz- en el que se apoyan las políticas represivas actuales) a la vez que una mejora sustancial al propio poder democrático.

El diseño constitucional de juicio oral, público y por jurados es la forma para lograr en la sociedad de la comunicación y globalización la dimensión más importante “la comunicacional” para exponer en clave de “exposición” dentro de las representaciones democráticas modernas del oculto sistema actual inquisitivo del secreto y la escritura para los casos que debieran ser emblemas judiciales de la transparencia, cuando se ha ultrajado el mayor de los bienes que son los bienes públicos, en la acción delictiva contra la Administración Pública.

Con este proyecto se avanza a empoderar al “ciudadano” en cuanto a sus responsabilidades cívicas. Ante la apatía y descreimiento general sobre la participación democrática, debemos crear canales genuinos y reales donde el “de a pié” pueda ayudar a resolver la impunidad y corrupción pública y privada. Otorgándole un marco de participación y decisión. Dando como doble efecto mayor legitimidad tanto a las condenas como a las absoluciones que se produzcan. Actualmente, la ciudadanía desconfía de las pocas investigaciones que se realizan en materia de corrupción y de las absoluciones, quitándoles todo tipo de legitimidad a los jueces actuantes.

No hace falta mencionar la cantidad de causas que los ciudadanos de “a pié” ven como se hacen humo. Investigaciones que llevan años y décadas sin ser resueltas o terminan prescribiendo. Jueces que con su actuar muestran la dependencia a las presiones políticas al momento de juzgar a las más altas esferas del poder, delegando dicha tarea en un cuerpo colegiado jurados populares, que gozarán de las debidas garantías para poder actuar con total y absoluta independencia.

Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de ley.

NRO 74350
AUTOR VADILLO,MARIO
COAUTORES
DESCRIPCIÓN ESTABLECIENDO EL JUICIO POR JURADOS POPULARES
ORIGEN CD
TIPO L
BLOQUE PIP
ENTRADA 04/06/2018
UBICACIÓN LAC
FEC1 07/06/2018
PASO_COMISIÓN LAC
SESIÓN 06/06/2018
OBSER ACUMULAR AL E. 74118 RES. 206 (06-06-18)
RNUM 39