Nombre del Proyecto

Mnv-d- Rescisión C.E.R.P.O.L.

Tipo de Proyecto

DECLARACIÓN

Autor

Diputado Mario Nicolás Vadillo

Coautores

Bloque

PROTECTORA

Tema

Que vería con agrado que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, ordene la rescisión del contrato de concesión con CERPOL y llame a licitación pública.

 

 

Nº de Expediente

 

Fojas

 

Fecha de Presentación

 

 

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene como objeto la quita de concesión a través de la rescisión unilateral conforme cláusula Quinta del convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad de Mendoza y CERPOL, atento los graves incumplimientos e irregularidades de la misma.

 

1.- C.E.R.P.O.L. y el manejo de las plantas verificadoras.

La planta verificadora de vehículos es un organismo público que depende del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de la Secretaría de Justicia de la Nación. El manejo de la planta fue concedido hace más de 14 años al Centro de Retirados de la Policía de Mendoza (CERPOL). En la provincia hay ocho plantas que hacen la verificación mecánica de los autos usados que se venden, un trámite obligatorio y que sólo puede hacerse en esas instalaciones. Así, el sistema resulta claramente monopólico.

Desde la obligatoriedad del grabado de partes por la sanción de la Ley 8248 modificada por Ley 8626 y su reglamentación por el Dec. 266/2011, CERPOL ha realizado todo tipo de artimañas para beneficiarse con los servicios que presta en sus instalaciones. Uno de ellos fue la decisión de la comisión directiva del Centro de Policías Retirados (CERPOL), del cobro de adicionales por la llamada “Atención VIP” en la Planta de Verificación Mendoza; y la persona que no podía pagar dicho servicio, se consideraba discriminado. Este servicio VIP fue dado de baja por el pedido de anulación solicitado por el Ministro de seguridad Sr. Carlos Aranda, luego de que se difundieran quejas y denuncias de contribuyentes por tener que pagar un sobreprecio para obtener un trato diferencial en el servicio, ya que de lo contrario la espera era de más de tres horas.

Cabe advertir que en la Provincia de Mendoza nunca se llamó a una licitación pública inicial, a través de sus órganos de aplicación, para que se prestara un servicio de verificación y grabado en la Provincia por particulares; simplemente se otorgó unilateralmente el manejo a CERPOL a través de un convenio marco celebrado el 31 de Julio de 2011 por parte del Ministerio de Seguridad.

No es un dato menor que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza por los trabajos de verificación y grabado que realicen las plantas verificadoras, percibirá un pequeño porcentaje, solo el diez por ciento (10%) de lo recaudado por la aplicación del Art. 4 del Decreto 266/2011 y Art. 1°del Convenio Marco; haciendo que el Estado Provincial perciba un canon muy bajo en la operatoria.

Desde el manejo de la planta por CERPOL, se han dado basta cantidad de irregularidades, ya que al celebrarse un convenio el 31 de Julio del año 2011con el Ministerio de Seguridad en el marco de la Ley 8248, su Decreto N°266/2011 y la Resolución 1590-S-11, es que CERPOL empezó a subfacturar parte de la tarifa que les cobra a los conductores. De esta manera, ingresa a la caja dinero extra por día.

El procedimiento es al menos llamativo, porque ninguna repartición pública cobra un valor extra por un llenado de formulario, sobre todo teniendo en cuenta que los conductores son rehenes del sistema y no tienen otra alternativa más que cumplir con el trámite, que es obligatorio. Por eso, en la práctica termina siendo un engaño.

El sistema funciona de esta manera; toda vez que se vende un vehículo usado o un auto 0km, antes de hacer la transferencia o patentar a nombre del comprador es necesario presentar en el Registro del Automotor el formulario 12P, el cual se llena en la planta verificadora. Allí, luego de pagarse el canon y esperar con paciencia durante algunas horas, un operario verifica que coincidan el número de chasis con el número de motor del auto, con el objeto de comprobar la legitimidad de su procedencia. Pasado ese trámite, el dueño del auto puede irse para terminar la gestión de la venta del auto.

En la actualidad cuando concurrimos a la planta verificadora nos encontramos con que el costo del servicio para vehiculos es de: a.- Verificación policial de $1.230 (esto surge del detalle que entregan con una factura C correspondiente a la Cámara de Grabadores de Aut. De Vehículos automotores, con la descripción: a.- Identificación de automotor $270, Formulario 12 $650, Gestión administrativa $160 y un ticket por llenado de formulario $150, este último es un servicio tercerizado, b.- Grabado de autopartes $1.080, c.- Grabado de cristales $600 y Grabado parcial ya sea de autopartes o cristales $450, por lo que para verificar un auto con grabado de partes y cristales cuesta: $ 2.910.

En el paradójico caso de los moto vehículos el costo del servicio es de: a.- Verificación policial $1.050, b.- Moto partes $690, Gestión administrativa $160 y un ticket por llenado de formulario $150, lo que nos da un costo de $2.050, por un servicio idéntico que para un vehículo.

De dichos importes surgen dos inquietudes: En primer lugar, de la reglamentación que surge del Decreto 266/2011, se presenta una gran diferencia del costo de grabado de servicio entre la categoría vehículos y motovehículos, siendo que el servicio que se presta es el mismo en ambos casos.

En segundo lugar existe una tercerización del servicio de grabado por parte de una empresa de la Provincia de Buenos Aires, llamada IDENTIGRAB S.R.L., que si bien está autorizada por el convenio entre el Ministerio de Seguridad y CERPOL; el mismo se amplía sin autorización alguna a todo el servicio prestado en las instalaciones de las plantas verificadoras. Por lo cual podemos citar, a modo de ejemplo, el servicio que se cobra por el llenado del formulario F-12, del cúal aparentemente es optativo para el usuario, ya que él mismo puede llenarlo sin tener que acudir a este servicio, siempre y cuando el usuario se dé cuenta a tiempo y lo solicite en forma personal, situación que en la mayoría de los casos no sucede, ya que el usuario no tiene conocimiento alguno de esta opción hasta que termina el trámite en el llamado PASO 3, donde retira el formulario lleno, con el correspondiente Ticket Factrua C.

Tambien se destaca la falta de cumplimiento en la presentación de informes menusales que debe presentar CERPOL al auditor de “SEGURIDAD”, conforme al artículo Tercero del Convenio Marco.

Todas estas irregularidades van de la mano de falta de infraestructura y tecnologías con la que cuentan las plantas verificadoras, ya que es de público conocimiento las demoras de hasta tres horas para realizar un trámite, por el que carece de justificación el alto costo que tiene para el usuario por un servicio muy básico, que despierta malestar al tener que soportar en verano filas interminables de autos al rayo del sol dentro del vehículo esperando a ser atendido.

Por todas estas falencias e incumplimientos a la hora de prestar un servicio que se torna obligatorio para el usuario de un rodado, y por las irregularidades con las que se realizó el convenio entre el Ministerio de Seguridad y CERPOL, sin haberse llamado a una licitación pública para transparentar un servicio tan importante y del que se maneja y recauda mucho dinero de usuarios de vehículos tanto usados como 0Km., es que desde el bloque PROTECTORA solicitamos al Ministerio de Seguridad que las plantas verificadoras dejen de estar en manos del centro de retirados de la policía de Mendoza, disponiendo la rescisión unilateral del convenio con CERPOL, y llame a licitación pública, atento al ser el órgano de aplicación por el Decreto 266/2011 de la Ley 8248., con el objeto de convertir las plantas verificadoras en lugares transparentes y de mejor atención para el usuario, donde pueda realizar un trámite sencillo en tan solo unos minutos, sin largas colas para ser atendido, logrando incluso la posibilidad de traer mayor economia al usuario al lograr una tasa fija, equitativa y proporcional al servicio que se presta.