VISTO

 

Las presentes actuaciones de oficio seguidas contra la firma BANCO PIANO S. A., CUIT 30-56915176-3, con domicilio fiscal/comercial en la calle SAN MARTIN N° 347, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  y con domicilio constituido en la calle (52) BELGRANO N° 3981, de la localidad de San Martín; partido de General San Martín, y

 

CONSIDERANDO

 

Que el sumario se inicia de Oficio conforme las facultades otorgadas por el Articulo 38º y concordantes de la Ley Provincial N° 13.133 a través de las Actas de Constatación obrantes a fojas 1/2,

Que a fojas 4/6 se adjuntan distintas publicaciones de periódicos locales y “on line” donde se manifiesta la situación de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones al momento de percibir sus beneficios frente a trato recibido por las entidades bancarias encargadas del pago de los mismos;

Que voy a resaltar lo siguiente, a fojas 4, en el extracto obtenido de una nota, se encabeza la misma  “Vecinos y clientes de una entidad bancaria, denuncian trato inhumano a jubilados que concurren a percibir sus haberes” (el resalte y subrayado me pertenece);

Que para mayor abundamiento se libraron oficios a el Sindicato La Bancaria, al Banco Central de la Republica Argentina y a la ANSES (fojas 7/10);

Que de las distintas motivaciones se destaca que, a fojas 12, La Asociación La Bancaria informo que “…comunicamos que no tenemos conocimiento de denuncias al respecto…No podemos señalar cantidad de cajas habilitadas dado que es facultad de la Institución Bancaria su apertura de acuerdo al movimiento de clientes en cada sucursal…podemos agregar que con motivo del recorrido efectuado por las autoridades de la Delegación San Martín de nuestra asociación en las sucursales de la zona, se desprende que son insuficientes…”;

En el mismo sentido, a fojas 15, se agrega nota de la Comisión Gremial Interna de la imputada, donde se puntualiza que “…existen puestos de cajas vacíos por falta de personal, no existen suficientes cajas habilitadas para el pago exclusivo de jubilaciones (incumpliendo convenio con el Anses),…los clientes realizan filas a la intemperie, expuestos a las condiciones climáticas y con demoras de casi 4 horas en promedio, es necesario la apertura de nuevas sucursales, por una contratación de personal para mejorar el servicio de pago a jubilados,…no se cumple con el `trato digno´ a los usuarios (demoras superiores a 3 horas). No existe suficiente cantidad de asientos acorde a la cantidad de clientes…”;

Que a fojas 16/17, el Banco Central de la Republica Argentina informo entre otras cuestiones, que “…la Gerencia de Fiscalización Normativa en lo que hace a denuncias de clientes del Banco Piano, ha informado que por Expediente Nº 277/16 tramito una recomendación emanada de la Defensoria del Pueblo de la Municipalidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, referida al Banco Piano S.A., sucursal Merlo. La misma refería a la problemática de las personas, en su mayoría de la tercera edad, que según el citado organismo debían realizar filas al aire libre y en la vía publica, desprovistos de servicios básicos e imprescindibles, sin resguardo de las condiciones climáticas…”. Asimismo informa que “…en relación con las normas del BCRA vinculadas con el trato digno, en la Sección 2 de las normas sobre Protección de los usuarios de servicios financieros, punto 2.1., dentro de los derechos fundamentales del usuario se encuentra el de gozar de condiciones de trato equitativo y digno…”

Que en el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional N° 24.240 y Ley Provincial N° 13.133, el Director de Comercio y Defensa del Consumidor procedió a efectuar el pertinente Auto de Imputación por Actuaciones de Oficio (ver fojas 20/23);

Que a fojas 24 se notifica a la firma BANCO PIANO S.A. de los hechos que se le imputan;

Que a fojas 25/57 la firma sumariada presenta descargo

jubilados y pensionados impuestas por la Resolución ANSES Nº 648 aludiendo que “…su implementación, que implico la difusión en el cambio de modalidad que se venia practicando con la lógica resistencia por parte de la gente mayor, para luego la efectiva digitalización de las huellas digitales de los jubilados, pensionados y, los apoderados de ambos, ocasiono una lógica demora en la agilidad para efectuar los pagos de los beneficios provisionales en cuestión…”;

Que a criterio de la Sala II -teniendo en cuenta la referida postura en cuanto a los requisitos del acta-, resulta de suma importancia la descripción clara y circunstanciada de la materialidad del suceso que diera origen al labrado del instrumento. Por ello se lo ha considerado inválido en el caso de que no se hayan descripto los hechos en forma clara”; asimismo, la Sala III ha entendido que “tal exigencia resulta ser lo importante a los efectos de garantizar la defensa del imputado, que debe conocer el hecho concreto que se le atribuye, pues es a ello a lo que se enfrenta”;

Que mencionado requisito se encuentra fundado en las actuaciones que vienen a mi conocimiento, y muestra de ello es el descargo presentado por la quejosa en la cual niega haber cometido infracciones a la Ley, por lo que entiendo que al estar descripta la infracción a través de las constataciones de los inspectores y el debido Auto de Imputación, no hay vulneración de ningún derecho constitucional, es decir que el infractor conoce -mediante el acta y el auto de imputación- el hecho, pues contra éste se esta defendiendo y atacando; (Sala III, Causa Nª 6330-00-00/10: “METROGAS S.A. s/infr. art(s). 2.2.14 – Ley 451”, rta. el 09/09/10);

Que los argumentos esgrimidos por la sumariada en su defensa no resultan suficientes para eximirse de responsabilidad en los términos de la Ley Nacional N° 24.240 y  Ley Provincial N° 13.133;

Que no habiendo más pruebas a producir es que tomo conocimiento en esta etapa del proceso a fin de emitir una resolución;

Que el Artículo 42º de la Contiticución Nacional establece que entre los derechos de los consumidores se encuentra el trato digno;

Que el mencionado artículo constitucional también señala que las autoridades proveerán a la protección del derecho al acceso de condiciones de trato equitativo y digno;

Que el Estado interviene en la actividad económica, estableciendo -al efecto- ciertas ‘reglas de juego’, que se encuentran plasmadas en distintas normas de orden público, entre las que destacan la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240 ) y de Lealtad Comercial (Nº 22.802 ), que junto con las normas complementarias dictadas al efecto conforman un plexo normativo a través del cual el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y consumidores o usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí;

Que, por su parte, el Artículo 8º bis de la Ley Nacional Nº 24.240 establece como obligación de los proveedores: “Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas”;

Que es clara la responsabilidad de la sumariada, ya que esta ha asumido tal obligación más allá de las modificaciones que le hayan sido impuestas en las modalidades de prestación y control de la legalidad de la prestación;

Al hablar de “trato digno”, la norma se refiere principalmente a un aspecto externo o social, es decir, al honor, respeto o consideración que cede debe a la persona. La dignidad humana es un principio elemental de derecho natural, y es de carácter supra-estatal. El honor y la dignidad corresponden a toda persona como derechos inalienables, innatos e inseparables de ella, y no se pierden ni por el pecado ni por el delito. Son de carácter humano indeleble, independiente de la situación concreta que el individuo se halle.

Santos Briz sostiene que “el derecho a la contratación, como el derecho privado en general, se basa en la dignidad y en la libertad de desenvolvimiento de la personalidad del individuo, lo cual no puede darse sin el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales”.

en tiempo y forma, constituye domicilio y acredita personería, todo ello en cumplimiento con el Articulo 51º de la Ley Provincial  N° 13.133;

Que de las manifestaciones expuestas, en el Punto II, la sumariada fundamenta su descargo en las modificaciones en la acreditación de fe de vida por parte de los

El derecho de los consumidores tiene como fin actuar como corrector de la desigualdad estructural que éstos padecen en el mercado, para que prevalezca la buena fe en las relaciones, que debe estar presidida por respeto.

Que el respeto, es considerado como un sentimiento de obediencia y cumplimiento de ciertas normas, asimismo de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien;

La normativa recepta ciertas prácticas no tolerables, tipificándolas en relación al turismo receptivo: “…No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice…”, y en relación a reclamos extrajudiciales:”…Deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial…”[1]. “Enseña Sagues que, el derecho a la dignidad, es uno de los derechos constitucionales no enumerados, comprendidos en el art. 33 del plexo constitucional, y entre sus contenidos, refiere que, la C.S.J.N., en el precedente Seajen “enunció que exigía que las necesidades del hombre fuesen satisfechas con decoro, en orden a la realización de la persona  (característica, por lo demás de toda sociedad sana, apunta el tribunal), y siempre que no se ofenda la moral o el orden público, ni se perjudique a terceros (Fallos 308:2268, considerando 7º). Y en Pupelis, definió la dignidad humana como el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de la Constitución (Fallos 314:424).

Que la Comunicación A 5460 BCRA establece “Las políticas, prácticas y procedimientos de los sujetos obligados no podrán representar un trato discriminatorio de los usuarios. Los sujetos obligados deberán adoptar los recaudos necesarios a los efectos de prevenir particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, edad, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

Dicho esto, y aplicando estas definiciones y conceptos al caso que nos ocupa, surge de las actuaciones y las regulaciones citadas, la obligación de la sumariada a la prestación en condiciones optimas, de trato digno y equitativo;

Que es allí donde considero que se encuentra la falta, ya que esas demoras y la falta de óptimas condiciones para la atención de todos los beneficiarios de prestación los expone a circunstancias vejatorias e indignantes;

Que es este comportamiento contrario a los principios del derecho y a las leyes protectorias de los Consumidores y Usuarios el que debe ser sancionado, pues el mensaje que debe transmitir el Estado es que nunca es un buen negocio violar la ley y en especial la Constitución;

Así, en la sentencia dictada en los autos “Machinandiarena Hernández, Nicolás c. Telefónica de Argentina S.A. s/ reclamo contra actos de particulares“, del 06/11/2012, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires juzgó que la empresa telefónica incumplió normas de distintas categorías en el marco de la relación de consumo que ligaba a las partes y vulneró un derecho superior del consumidor, al no proporcionarle un trato digno en los términos del Articulo 8 “bis” de la LDC. El Supremo Tribunal dijo que: “…la exigencia de condiciones de atención y trato digno apunta a la situación subjetiva, al respeto del consumidor como persona que no puede ser sometida a menosprecio o desconsideraciones…”.

Finalizando, quiero destacar que la expresión genérica “condiciones de atención” se traduce en deberes concretos y circunstanciados. Obviamente, estas condiciones de atención dependen, en cada caso, de las circunstancias del mercado, condiciones del lugar, etc.( MOLINA SANDOVAL, Carlos, Reformas sustanciales, en VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto, Reforma a la ley de defensa del consumidor, Bs.- As. ed. La Ley, 2008, pág. 93). El cumplimiento de estas obligaciones específicas implica tener personal capacitado para atender al público de manera eficiente. Significa, además, tener que organizarse previamente para, entre otras cosas, evitar largas esperas; informar sobre de los plazos de espera y cómo conducirse con máquinas predispuestas para contratar o recibir pagos, responder adecuadamente a las necesidades de personas con discapacidad, etc. Así, el leading case argentino en materia de daños punitivos por incumplimiento de la obligación de trato digno es la sentencia que condenó a una empresa que no tomó las previsiones para que un consumidor con discapacidad, que está en silla de ruedas, pueda acceder a la oficina, que se encuentra en un piso superior, atendiéndolo en la calle (Cám. 1° CC Mar del Plata, 27/5/2009, La Ley Bs. As. 2009-557; las reseñas se publican en LL 2009-D-97 y LL 2009-C-647. La decisión fue confirmada por la Suprema Corte de Bs. As., el 6/11/2012 Ver LL 2013-A-423; Derecho Comercial del Consumidor y de la empresa, año III, n° 6, diciembre 2012, pág. 89, con nota de STIGLITZ, Gabriel, Discriminación y sanción pecuniaria disuasiva, en Doc. Jud. Año XXIX, n° 22, 29/5/2013, pág. 3, con nota de BAROCELLI, Sergio S., Incumplimiento 

del trato digno y equitativo a consumidores hípervulnerables y daños punitivos: la Suprema Corte de Bs. As. confirma su procedencia y en LL 2013-A-235, con nota de BERSTEN, Horacio, Procedencia de la multa civil del art. 52 bis LPC. La decisión de la corte bonaerense también se reseña en Rev. Abeledo Perrot, Bs As, n° 4, Abril 2013, pág. 474; Rev. Responsabilidad civil y seguros, año XV, n° 5, Mayo 2013, pág. 79, con nota de ÁLVAREZ LARRONDO, Federico, “Machinandiarena”, cuando el desdén dejó de ser negocio y en Doc.Jud. Año XXIX, n° 43, 23/10/2013, pág. 3, con nota de HITTERS, Juan M., y FERREIRO, Andrés, Recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley (absurdo). La implicancia del derecho del consumidor en el proceso) – Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Prácticas abusivas en los contratos de consumo. Análisis desde a nueva legislación argentina” en Revista de Derecho- UCU, 11 (Julio 2015), pp. 105-134-

Cabe destacar que las Actas de Constatación de referencia han sido labradas por funcionarios públicos que dan plena fe de los actos descriptos en ella, conforme a la Ley Provincial N° 13.133; constituyendo prueba suficiente de los hechos así comprobados, de modo tal que no resulta imprescindible la presencia de testigos u otros medios de prueba para validar los hechos comprobados en el Acta, todo ello en virtud de la presunción iuris tantum establecida por la Ley (Articulo 41º Ley Provincial N°13.133);

Que asimismo, la infracción imputada es de carácter “FORMAL”, que según el reconocido Jurista Dr. Soler los define como “…aquellos delitos para los que no se requiere la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración. En la sola acción del autor, se consuma la violación del derecho, que merece ser sancionada aunque no haya sido esta la consecuencia buscada…”(Tratado de Derecho Penal T° II, 162);

En definitiva, este tipo de infracciones formales se tratan de aquellos ilícitos denominados de ‘pura acción’ u ‘omisión’ y, por tal motivo, su apreciación es objetiva;

Que por otra parte resulta constante la jurisprudencia que ha reconocido la posibilidad por parte del Poder Ejecutivo de actuar como juez administrativo, siempre que contra sus resoluciones se deje expedita la instancia judicial y se de satisfacción al derecho de defensa del infractor (Fallos 205:549), la cual queda abierta conforme lo expuesto en el Articulo 70º de la Ley Provincial N° 13.133;

Que conforme a las constancias que surgen de los presentes actuados,   la sumariada BANCO PIANO S.A.  SI posee antecendetes de infracción hasta la fecha;

Que oportunamente el Director de Comercio y Defensa al Consumidor dispuso el cierre de las diligencias sumariales, realizando un análisis previo, el cual comparto y hago propio;

Que se ha dado intervención a la Dirección General de Control de Legal y Técnico, en donde se constata el debido cumplimiento del procedimiento dispuesto por la Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Provincial Nº 13.133, sin objeción alguna;

Que no hallándose enervada por medidas de prueba en contrario, hace prueba suficiente de infracción las constancias de autos, correspondiendo a esta Secretaria sancionar con arreglo a derecho, aplicándose el procedimiento establecido en la Ley Provincial N° 13.133;

Que la sanción que corresponde aplicar a la firma de autos es la sanción de Multa (Articulo 47° Inc. B – Ley Nacional Nº 24.240; Articulo 73° inc. “b” – Ley Provincial Nº 13.133);

Que la sanción impuesta es una sanción administrativa de carácter objetivo, por lo que la noción de dolo o culpa es indiferente como bien se expuso en párrafos anteriores;

Que es de destacar que la multa y su monto, de acuerdo con el Derecho Penal Económico, deben ser siempre consideradas como sanciones ejemplificadoras e intimidatorias (conforme criterio de la Corte Suprema en fallos 171:366) y no meramente retributivas, como las referidas al Derecho Penal Común (Conf. C.N. Penal Económico, Sala II, “Blanco Alonso Juan y otros S/ Ley 19.511”, Nov. 24/09/76);

Que el monto de la pena se gradúa conforme a la gravedad de la infracción, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, consistentes en  circunstancia de haber denunciado, celebrado o no un acuerdo conciliatorio, y caso afirmativo, haberlo o no cumplido, el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición del infractor en el mercado, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia, las demás circunstancias relevantes del hecho; merituandose la sanción pecuniaria prudentemente (Articulo 77° Ley Prov. N° 13.133);

Que al momento de determinar el cuantun de la Multa que voy a aplicar, es importante resaltar que las situaciones como las aquí denunciadas, son reiteradas en el tiempo, siendo que los miles de beneficiarios de las prestaciones lo sufren mes a mes en multiplicidad causas y variantes, siendo BANCO PIANO el mayor captor de estos, y 

tomando como base lo dispuesto por el Articulo 72º de la Ley de Procedimiento N° 13.133, y según las constancias obrantes en el espediente de autos, y observándose la discrepancia entre los Articulo 73º de la Ley Provincial N° 13.133, y lo dispuesto en el Articulo  47º de la Ley Nacional N° 24.240 respecto al MONTO de la Multa, entiendo que debe estarse a lo dispuesto en el Articulo 59º de la Ley Provincial, el cual expresa: “La resolución definitiva se ajustará a las disposiciones de la Ley Nacional 24.240 y normas reglamentarias”, y siendo la Ley Nacional una ley especial, y de Orden Publico, es la que debe prevalecer y aplicarse en los presentes Autos;

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Nacional Nº 24.240, Ley Provincial Nº 13.133, Art. 47, 79,80, 81 y cct, y Decretos Municipales N° 918/04, 408/05, 1543/10 y 1771/2015;

Consecuentemente por ello, en mi carácter de Secretario de Gobierno y Seguridad, Dr. José María Fernández,

 

                           

RESUELVO:

 

ARTICULO 1º.- Imponer, por los fundamentos expuestos en los considerándos, a la firma BANCO PIANO S A, CUIT 30-56915176-3, una MULTA de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000) por haber infringido lo dispuesto en el Artículo 8º bis  de la Ley Nacional N° 24.240, y Articulo 42º de la C.N. El importe correspondiente a la Multa deberá ser depositado dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente (Articulo 63° Ley Provincial N°13.133). Para tal fin, deberá presentarse en la Oficina de Atención al Consumidor, sita en la calle R. Carrillo N° 2163/7, localidad y partido de Gral. San Martín, en el horario de las 08.00 hs a 15.00 hs, en donde procederá a retirar la boleta de pago correspondiente con la cual concurrirá a la caja municipal a efectuar el depósito. La falta de pago hará exigible el cobro mediante ejecución fiscal por vía de apremio, siendo título suficiente el testimonio de la resolución condenatoria firme. (Articulo 64° Ley Provincial N° 13.133).—————————————

ARTICULO 2°.-  Hacer saber a la imputada que, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 47º de la Ley Nacional Nº 24.240; y a lo normado en el  Articulo 76º de la Ley Provincial Nº 13.133, deberá efectuarse “la publicación de la resolución condenatoria a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción”. Que el Diario de mayor circulación en el Partido de San Martín es el Clarín Zonal, por lo cual deberá darse cumplimiento a la normativa antes mencionada.—————————————————————————————————-

ARTICULO 3º: Dese al Registro Municipal.-Toma conocimiento la Dirección de Comercio y Defensa al Consumidor. Notifíquese a la Imputada, cumplidos los plazos legales, de corresponder, Archívese.———————————————————————