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No a la Modificación de la Ley 7874

ARBOLADO PÚBLICO

“Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales. Sobre todo si es un árbol viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo”

Haroldo Conti (La balada del álamo Carolina)

 

La Ley 7874 considera arbolado público “a las especies arbóreas, autóctonas o no, plantadas por el hombre o parte de la forestación natural de una determinada región o zona, y que vegetan en los predios de dominio público de la trama urbana (…)” (Art. 7). A su vez, le otorga al arbolado urbano el carácter de “servicio público prioritario” (Art. 3),


¿Que es la Ley 7874?

La Ley 7874 es la Ley de Arbolado Público (Ley Provincial 7874, 2008). Se trata del marco normativo de la política pública para el mantenimiento y mejora del arbolado público en el territorio provincial, estableciendo responsabilidades y competencias. En ella se declara “al Sistema Arbolado Público como patrimonio natural y cultural de la Provincia de Mendoza, de interés provincial y se le otorga el carácter de servicio público prioritario” (art. 3).
La Ley 7874 (2008) es una ley que fue fruto de un rico debate y acuerdo entre distintos sectores, que mendocinos y mendocinas interesadas y comprometidas en la temática, en algunos casos con conocimiento experto, plasmaron un documento normativo para el arbolado público. Reconociendo la vinculación de éste con el ambiente sano, la salud, la gestión del agua, las distintas actividades económicas (producción, turismo) y el paisaje.

¿Por que se busca modificar la 7874 con tanto apuro?

El proyecto de ley presentado por el oficialismo, con el apoyo de la oposición del PJ, buscan con la modificación del artículo 24 quitarle vía administrativa el control y política en la gestión del arbolado que actualmente se encuentra centralizado en Dirección de Recursos Naturales Renovables y el acompañamiento técnico del Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público, el organismo que actualmente tiene la responsabilidad de aplicar la ley.
Se busca un tratamiento “pandémico vía zoom”, sin posibilidad de dar difusión y participación a los distintos actores sociales, que no permitirían que sean los municipios los encargados del manejo este recurso esencial, que han sido los culpables de la muerte de más del 30% de nuestros arboles por su mala gestión. Nuestra posición es suspender el tratamiento hasta tanto se termine la crisis sanitaria y se vuelva a funcionar la Legislatura de manera normal.

¿Cual es la trampa legal que se plasma en la reforma legislativa?

No es negligencia o impericia la de los legisladores que proponen la modificación al art. 24, dando un plazo legal de imposible cumplimiento: deberá expedirse mediante Resolución en el plazo de 20 días hábiles, la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) para aprobar los programas presentados por cada uno de los 18 municipios en un “Programa de Acción para el Control, Conservación, Preservación y Renovación del Arbolado Público” que puede tener la prolongación y complejidad de ejecución de hasta veinticuatro (24) meses.
Lo que implica que vía tácita, la autoridad de aplicación no solo no se va a expedir, sino que va a perder todas las facultades asignadas en el art. 1 que es proteger y mejorar el medio ambiente de la Provincia de Mendoza, a través de la implementación de una política ambiental, permanente, racional y sustentable para el control, conservación y preservación del arbolado público.
Se quita la coordinación entre el gobierno provincial, los distintos actores sociales, sobre todo el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado. lo que impacta en la eficacia y eficiencia en la elaboración e implementación de las políticas públicas ambientales de la provincia como un todo. Dejando en manos de caciques municipales la potestad de disponer de que arbolado sacar, poner o mutilar a su antojo y a su conveniencia. como se ha ido demostrando en todos estos años que se ha mostrado debilitado y sin recursos el área de recursos renovables y no se ha consultado al Consejo.

 

Silencio positivo de la administración, interés público y medio ambiente

La ley de arbolado público, en su art 3 se declara como servicio público prioritario, y como tal  la voluntad de la dirección de recursos renovable no puede ser suplido por su silencio. Porque ella es la encargada de fijar la política del arbolado público. No puede transferir algunas  de sus funciones administrativas y/o técnicas, y sacarse competencias, porque ahí donde hay un servicio público prioritario, es fundamental que se expida y exprese su voluntad.

Primero porque está modificación seria regresiva en términos de la ley ambiental, ya que se estaría violando el principio de progresividad.

¿Porque entendemos que el Articulo 24 es inconstitucional?

Artículo en cuestión: “Artículo 24 Para la erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda, renovación y desbrote del arbolado público, y de conformidad a lo estipulado por el artículo 44 de la presente Ley, las autoridades competentes podrán presentar ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) un “Programa de Acción para el Control, Conservación, Preservación y Renovación del Arbolado Público”. El mismo podrá tener una duración de seis (6) a veinticuatro (24) meses, y deberá contener una descripción global de las acciones a desarrollar en sus respectivas áreas de competencia, con un grado de desagregación acorde a su duración. Dicho Programa deberá acompañarse de un Protocolo de Actuación para los casos en que se requiera erradicación o tala de ejemplares que se encuentren en estado de riesgo según lo dispuesto en el artículo 47 de la presente ley.

Tanto el Programa de Acción como el Protocolo de Actuación estarán refrendados por un ingeniero agrónomo o forestal matriculado. La DRNR, en tanto autoridad de aplicación, deberá expedirse mediante Resolución en el plazo de 20 días hábiles previsto para las decisiones de cuestiones de fondo según inciso “d” del artículo 160  de la Ley Nº 9003 de Procedimientos Administrativos. Caso contrario, se considerarán como aprobados los Programas y Protocolos presentados por las autoridades competentes. Una vez aprobado cada Programa de Acción, la DRNR realizará las auditorías pertinentes a fin de asegurar su efectivo cumplimiento.

En los casos en que las autoridades competentes no cuenten con un Programa de Acción aprobado por la DRNR y vigente, deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente Ley para proceder a la erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda y desbrote del arbolado público”

 

  • La mecánica del silencio positivo de la Administración es disfuncional e irregular; cuando la misma se relaciona con cuestiones ambientales, resulta totalmente inadmisible, por tratarse de cuestiones de interés público. Por lo que el silencio de la Administración pasa por alto ese control dirigido a proteger el interés público. Lo que demuestra que esta mecánica irregular se viene utilizando en contra del interés público y a favor de sujetos particulares o importantes grupos económicos.

 

  • Por lo que esta irregularidad del silencio positivo de la Administración, en lugar de traer aparejada una sanción para la Administración incumplidora, en este caso la dirección de recursos renovables, perjudica el interés público, el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos, y premia a los  organismos del esta incompetentes que sólo esperarán que se cumplan los plazos de este mecanismo.

 

  • En el análisis de las cuestiones atinentes al arbolado urbano no puede prescindirse del marco jurídico constitucional y de los derechos protegidos por las normas fundamentales de nuestro ordenamiento. En efecto, y en primer lugar, debemos resaltar que el artículo 41 de la Constitución Nacional consagró, para todos los habitantes, el derecho a gozar “de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, imponiéndole a las autoridades públicas un mandato para proveer “a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
  • Por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) –que goza de jerarquía constitucional (Art. 75 Inc. 22)– al reconocer “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, establece que los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho deberán adoptar una serie de medidas, entre las cuales se menciona “b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente”. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha señalado, en la Observación General 3, que: “(…) corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos (…) Para que cada Estado Parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones

 

El silencio de la Administración Pública configura un “incumplimiento de un deber” dado que existe una obligación de la Administración de decidir y pronunciarse, frente al derecho del administrado de obtener una decisión participada e informada.

 

Incumplimiento el art. 20

En el mismo se insta a “trabajar en conjunto con el Estado Provincial, el Estado Municipal, las asociaciones vecinales, las ONG ambientales y la comunidad científica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr el control, la protección, la preservación y desarrollo del arbolado público”.

El presente proyecto de ley que modifica la Ley Provincial 7874 (2008) no fue consultado con los distintos actores de la Provincia que tienen conocimiento y experticia en la gestión y conservación del arbolado, ni siquiera el Consejo de Defensa del Arbolado. Responde intereses políticos partidarios de los  Intendentes que no se quieren allanar al control de la Dirección de Recursos Naturales tomando por sí mismos decisiones sobre la gestión del arbolado. Claramente es  una modificación regresiva.

 

BID: Crédito Censo Arbolado, posible pérdida del crédito.

La historia de Mendoza está unida al árbol, gracias a dirigentes visionarios que, luego del terremoto de 1861, propusieron plantar ejemplares por razones sanitarias y de seguridad. Sin embargo, ese patrimonio local está en mal estado por la escasa acción de los organismos encargados de resguardarlos, una situación que se busca revertir con el Proyecto del Arbolado Público, elaborado con el consenso de siete municipios y el sector científico, para lo cual ya están depositados en la cuentas del Gobierno 2,5 millones de dólares provenientes del BID, que solo se pueden utilizar para este fin.

Para obtener efectivamente el financiamiento, se debe cumplir una serie de pasos que ya se llevaron a cabo: presentar ante el BID un plan a largo plazo y luego, proyectos con las líneas de acción concretas. Una vez que el organismo aprobó esas instancias, otorgó 2,5 millones de dólares, que ya fueron depositados en las cuentas de la Provincia, que no se pueden tocar para otro fin. Es un crédito que financia en el 30 % Mendoza y el 70 % la Nación.

Se censará toda la masa forestal existente de los siete departamentos del Área Metropolitana en el verano del período 2020/2021 de manera digital, con tecnología LIDAR y cámaras 360°. La plataforma digital que albergará los datos estará a disposición de los municipios para organizar su mantenimiento, de la Dirección de Recursos Naturales para controlar su evolución y también de cada uno de los ciudadanos para conocer qué especie tiene en el frente de su casa.

“5 de junio 2020 : Después de un largo período de planificación y discernimiento, el Gobierno de la Provincia de Mendoza, a través del Gobernador, Rodolfo Suarez, anuncia la firma del contrato con la empresa Geosystems SA para llevar a cabo este relevamiento del primer censo de arbolado público para el Área Metropolitana, con tecnología de avanzada. La empresa cuenta con una gran capacidad en relevamientos digitales e informáticos.”

La modificación pone en riesgo el PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA, proyecto que involucra a la Provincia, al Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación y al Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a través de su programa DAMI II, Programa de desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior y que permite obtener créditos en dólares.

Existen contratos, documentación, planes y proyectos que han permitido acceder al crédito para desarrollar el Programa mencionado, y que en toda la documentación presentada se cita en varias oportunidades a la ley 7874 y su decreto reglamentario, justificando y sustentando la documentación y la necesidad de desarrollar dicho proyecto. Además se toma como una ley ejemplo y modelo en la protección del arbolado público para los fines de avalar dichos Proyectos. Este proyecto tiene varias etapas: censo, re funcionalización de viveros, compra de equipamiento y obras de infraestructuras en el sistema de riego del arbolado, y advertimos que no es conveniente que en medio del desarrollo del programa, se cambie una ley que los sustenta y justifica ante instituciones nacionales e internacionales.

Resulta así inoportuna la modificación a la ley 7874 en pleno proceso del Programa mencionado que tiene como objetivo la recuperación del arbolado del patrimonio público urbano del área metropolitana de la provincia, que ya se está ejecutando la primera etapa de dicho programa que es la licitación del censo del arbolado urbano del área metropolitana.

 

 

¿Que se pierde con la modificación a la Ley 7874?

Se pierde lo dispuesto en el art. 3 “Sistema Arbolado Público como patrimonio natural y cultural de la Provincia de Mendoza, de interés provincial y se le otorga el carácter de servicio público prioritario” para pasar a ser parte de programas independientes y personales de los dieciocho intendentes.
El bosque urbano cultivado y que se ha denominado arbolado público, es el resultado de políticas públicas centralizadas que tuvieron en cuenta el medio ambiente y la salud para la plantación de especies forestales a lo largo de los canales viales –calles y avenidas– y de espacios verdes en distintos períodos del desarrollo de la provincia. Esta intensa arborización, le confiere a Mendoza un carácter único en la región y en el mundo, y y junto con la red de riego es el recurso natural que sustenta el modelo urbanístico desarrollado.
En la actualidad, llevamos más de 45 años sin políticas públicas y municipios que den protección al bosque urbano de las ciudades de Mendoza por lo que se encuentra severamente afectado respecto a su desarrollo vegetativo y sustentabilidad. En las últimas décadas, a causa de la falta de asignación de recursos humanos, técnicos, y financieros los mismos Municipios que quieren tener las “manos libres” han registrado en sus áreas de competencia impactos debidos a condiciones de estrés bióticos y abióticos, de los cuales los más significativos se relacionan a: intensas tareas de podas severas, muchas veces en fases fenológicas no recomendadas; vandalismo; ataque de plagas y enfermedades, estrés por aumento de contaminantes ambientales y edáficos, estrés térmico y estrés hídrico.
A los Municipios se les mueren los árboles por falta de gestión. Los forestales no están mantenido, deben tener agua adecuada (les impermeabilizado las acequias y no les dan turnos de agua por no pagar DGI)) y tratamiento fitosanitarios por no tener maquinas ni insumos necesarios. Se talan más de 1000 árboles por falta de mantenimiento adecuado y no se replantan en los mismos lugares, dejando abandonada cientos de calles y zonas. Faltan 30% de forestales en la provincia por desidia de los que ahora quieren tener las manos libres.

Necesitamos no modificar la Ley 7874 sino hacerla cumplir!

Mendoza tiene el 73 % de su arbolado envejecido. Mientras, los cánones internacionales indican que los porcentajes deben de ser al revés: más del 70 % de árboles jóvenes y menos del 30 % de arbolado en condiciones de ser reemplazado.
Estos datos corresponden a una investigación por parte de científicos mendocinos, ya que la provincia debería contar con un relevamiento integral del arbolado público, tal y como indica la Ley 7874, pero este censo no existe. Es peligroso no contar con los datos mencionados porque ya se debería tener un mapa que no deje lugar a dudas sobre qué árboles hay que renovar y cómo se debe hacer esta tarea, que por cierto no es sencilla.
Antes de reformar la Ley 7874, es necesario tener un censo para tener un diagnóstico adecuado. Muchas de las criticas de los municipios a la falta de respuestas rápidas a sus requerimientos a la DRNR se podrían terminar cuando se tiene los datos censales por cada individuo arbóreo, su estado y sería inmediato la toma de las acciones necesarias para sacar al arbolado del Estado de emergencia. Se busca hacer censo (apoyo del BID) para que se haga georeferncial, con un que permite individualizar cada árbol por ejemplo se podría ver de Google Street el ejemplar, con una descripción de su estado fitosanitarios, además refuncionalizar viveros y comprar maquinas como destoconadora para sacar el tocón y replantar inmediatamente, para fumigación, etc..

No podemos permitir la modificación a la Ley 7874

No podemos permitir que las conveniencias de los jefes comunales, se desnaturalice una LEY que como expuso Teresita Capezone, integrante de la Asamblea Del Árbol, la modificación a la actual Ley Provincial 7874 (2008) no fue consultado con los distintos actores de la Provincia que tienen conocimiento y experticia en la gestión y conservación del arbolado, ni siquiera el Consejo de Defensa del Arbolado. Incumpliendo el art. 20 en la que se insta a “trabajar en conjunto con el Estado Provincial, el Estado Municipal, las asociaciones vecinales, las ONG ambientales y la comunidad científica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr el control, la protección, la preservación y desarrollo del arbolado público”.

El arbolado parte de nuestro identitario

En la identidad colectiva de los habitantes de la provincia este sistema árbol-acequia-vereda es considerado como un bien patrimonial urbano y se lo valoriza desde múltiples planos: primero como signo identitario de los mendocinos, reconociendo su valor histórico-cultural; segundo como ―mejorador‖ de la calidad del ambiente urbano, del clima urbano y de la calidad de vida de los ciudadanos y, finalmente, como recurso paisajístico y estético que que contribuye al uso social de los espacios y al desarrollo local.
En materia ambiental no se aceptan modificaciones regresivas. Por eso decimos #NoALaModificaciónDeLa7874

El articulo de la trampa!

“Artículo 24 – Para la erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda, renovación y desbrote del arbolado público, y de conformidad a lo estipulado por el artículo 44 de la presente Ley, las autoridades competentes podrán presentar ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) un “Programa de Acción para el Control, Conservación, Preservación y Renovación del Arbolado Público”. El mismo podrá tener una duración de seis (6) a veinticuatro (24) meses, y deberá contener una descripción global de las acciones a desarrollar en sus respectivas áreas de competencia, con un grado de desagregación acorde a su duración.
Dicho Programa deberá acompañarse de un Protocolo de Actuación para los casos en que se requiera erradicación o tala de ejemplares que se encuentren en estado de riesgo según lo dispuesto en el artículo 47 de la presente le“Artículo 24 – Para la erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda, renovación y desbrote del arbolado público, y de conformidad a lo estipulado por el artículo 44 de la presente Ley, las autoridades competentes podrán presentar ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR) un “Programa de Acción para el Control, Conservación, Preservación y Renovación del Arbolado Público”. El mismo podrá tener una duración de seis (6) a veinticuatro (24) meses, y deberá contener una descripción global de las acciones a desarrollar en sus respectivas áreas de competencia, con un grado de desagregación acorde a su duración.
Dicho Programa deberá acompañarse de un Protocolo de Actuación para los casos en que se requiera erradicación o tala de ejemplares que se encuentren en estado de riesgo según lo dispuesto en el artículo 47 de la presente ley.
Tanto el Programa de Acción como el Protocolo de Actuación estarán refrendados por un ingeniero agrónomo o forestal matriculado. La DRNR, en tanto autoridad de aplicación, deberá expedirse mediante Resolución en el plazo de 20 días hábiles previsto para las decisiones de cuestiones de fondo según inciso “d” del artículo 160 de la Ley Nº 9003 de Procedimientos Administrativos. Caso contrario, se considerarán como aprobados los Programas y Protocolos presentados por las autoridades competentes.
Una vez aprobado cada Programa de Acción, la DRNR realizará las auditorías pertinentes a fin de asegurar su efectivo cumplimiento.
En los casos en que las autoridades competentes no cuenten con un Programa de Acción aprobado por la DRNR y vigente, deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente Ley para proceder a la erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda y desbrote del arbolado público”y.
Tanto el Programa de Acción como el Protocolo de Actuación estarán refrendados por un ingeniero agrónomo o forestal matriculado. La DRNR, en tanto autoridad de aplicación, deberá expedirse mediante Resolución en el plazo de 20 días hábiles previsto para las decisiones de cuestiones de fondo según inciso “d” del artículo 160 de la Ley Nº 9003 de Procedimientos Administrativos. Caso contrario, se considerarán como aprobados los Programas y Protocolos presentados por las autoridades competentes.
Una vez aprobado cada Programa de Acción, la DRNR realizará las auditorías pertinentes a fin de asegurar su efectivo cumplimiento.
En los casos en que las autoridades competentes no cuenten con un Programa de Acción aprobado por la DRNR y vigente, deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente Ley para proceder a la erradicación, tala, rebaje, limpieza, poda y desbrote del arbolado público”
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