El Diputado Nacional por Mendoza, José Luis Ramón, presentó un proyecto que incorpora en la ley de Defensa de Consumidores, obligaciones y restricciones de tiempo para informar los aumentos en establecimientos educativos.

 

La medida contiene a instituciones de nivel inicial hasta los niveles universitarios o técnicos profesionales, y plantea que dichos espacios deberán informar antes del 31 de octubre de cada año el importe de la matrícula, así como el monto de las cuotas fijadas para el año y los conceptos que la componen.

 

“El monto de los aranceles no podrá ser modificado durante el transcurso del año lectivo para el cual fue anunciado, y permanecerá invariable hasta su conclusión”, estipula el proyecto.

 

La decisión fue tomada a partir de las sucesivas marchas y reclamos realizados a comienzos del 2019, por estudiantes sobre todo de la provincia de Mendoza, que vieron vulnerados sus derechos ante los aumentos abusivos de las diferentes carreras universitarias.

 

En varias oportunidades, los afectados argumentaron la poca valoración al esfuerzo que hacen muchos estudiantes para poder subsistir y estudiar una carrera universitaria, sin contar con los gastos que pueden llegar a tener para cada especialidad.

 

Pero aunque esta realidad fue dada a conocer por sus reclamos, los aumentos se han dado en todos los niveles educativos, llegando a ser imposible de sostener para una familia que no ha obtenido mayores ingresos para poder paliar los efectos de la inflación.

 

Además, el proyecto estipula que los centros educativos privados deberán obtener el consentimiento de la mayoría de los inscriptos en los planes de estudio previo a realizar cualquier aumento, a excepción de los niveles superiores en dónde se deberá solicitar acuerdo en el caso de que el incremento sea superior al del Salario Mínimo Vital y Móvil del año anterior.  

 

Intentando de esa forma establecer pautas para la realización de cualquier cambio, que deban considerar la opinión de los usuarios y consumidores sin causar la desfinanciación familiar y sostenidos por el derecho a la educación y a la libertad de decisión de cada ciudadano.  

VER PROYECTO DE LEY – obligación de informar aumentos y precios en establecimientos educativos