El diputado Mario Vadillo presento un proyecto de declaracion en la Legislatura de la provincia de Mendoza para que el Ministerio de Salud realice el estricto cumplimiento y aplicación de la ley 25.929 conocida como Ley de Parto Humanizado, que pretende garantizar los derechos de toda mujer en trabajo de parto, parto y/o post parto.

La ley 25.929, promulgada en el año 2014, hace referencia a los derechos de toda madre a la información, al trato digno, respetuoso e individual, propugnándose su libertad de elección respecto de la persona que la acompañará durante los controles prenatales, el trabajo de parto, el parto y el posparto, anteponiéndose el parto natural a las prácticas invasivas y de suministro de medicación, sin perjuicio de la necesidad y obligatoriedad de la utilización de estas prácticas cuando lo ameriten el estado de salud de la parturienta y/o la persona por nacer con la previa voluntad de la madre expresamente manifestada por escrito en caso que se requiera someterla a algún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.

En estos dias se conocieron estadísticas de que en Argentina y en la Provincia aproximadamente el 70% de los partos son mediante intervención quirurgica, conocida como Cesárea, tanto en el ámbito privado como público, pero mayormente se ha visto un incremento de cesáreas en el ámbito privado, por diferentes motivos o quizas conveniencia económica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  en sus últimos comunicados indicó que la proporción recomendada de los partos por cesárea sobre los partos totales debe ser de un 10 a 15%, que dista ampliamente de lo que sucede en la actualidad de nuestras entidades sanitarias.

“La mujer embarazada tiene derechos y tiene que saberlo. Tiene el derecho a ser informada sobre las diferentes intervenciones medicas que puede tener y que puede optar LIBREMENTE cuando existieren otras alternativas ” dijo el diputado Vadillo y agrego en el documento el derecho al parto natural , respetuoso a los tiempo biológicos, evitando practicas invasivas y suministro de medicación que no esten justificados por el estado de salud de la parturienta.

Que no prevalezcan los intereses económicos,  de tiempo, o disposición hospitalaria; por sobre todo debe siempre prevalecer la salud integra del individuo en cuestión.

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