Suspencion de la puesta en marcha del servicio de revisión técnica vehicular.

 

FUNDAMENTOS

 

H. Cámara:

Sometemos a consideración el presente Proyecto, en atención a los argumentos que abordare a continuación.

 

1.- Origen y creación de la Revisión Técnica Obligatoria.

Durante la gestión del Gobernador Francisco Pérez se dictó la Ley N° 8657 y el Decreto 1322/14 donde se estableció como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Seguridad de la Provincia del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV); luego de instrumentarse, se abrió una licitación para la realización de la verificación vehicular obligatoria, pero una serie de amparos frenaron la convocatoria por presuntas irregularidades.

La misma buscaba beneficiar a una empresa de Buenos Aires en detrimento de cinco talleres que compiten en el mercado local y las cuales recibieron las concesiones en el año 1994, no generándose nuevas vacantes desde esa fecha.

La empresa Instecmec S.A. reclamó que cuando fue a presentar su oferta, sus representantes se encontraron con que se había cambiado de lugar el acto de apertura de las propuestas. Esto hizo que no llegaran a tiempo y, cuando lograron arribar, no los dejaron entrar.

Por todo ello es que la empresa inició una cautelar ante los jueces del mas alto tribunal de la Provincia, el que resolvieron la cautelar planteada por Instecmec S.A. haciendo lugar a la misma, suspendiendo el procedimiento licitatorio en trámite en expediente N° 15367/D/14 del Ministerio de Seguridad, hasta tanto quede firme la resolución que se adopte sobre el fondo de la impugnación incoada por la accionante en sede administrativa del Ministerio de seguridad.

En sí, el fallo de la Suprema Corte dispuso la suspensión del proceso hasta que se resuelva la cuestión de fondo: si las irregularidades denunciadas son suficientes para anular la licitación, lo que obligaría al ministerio a hacer un nuevo llamado, o bien si el proceso debe seguir su curso.

Por todo ello, el actual gobernador de la provincia, Sr. Alfredo Cornejo, anuló por decreto la licitación para la verificación técnica vehicular obligatoria por las sospechas de corrupción que denunciaron los mismos empresarios locales que dominan este negocio y que se presentaron a la licitación.

Que la Secretaria de Servicios Públicos firmó un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, adhiriendo al sistema nacional de revisión técnica.  El convenio fue reafirmado por la resolución N°106/2018, ya publicada en el Boletín Oficial, que establece que la RTO será obligatoria desde el 1 de enero de 2.020 para todos los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados mendocinos. Esto implica que los vehículos de Mendoza, si pasan la revisión ténica, contarán con certificado único y oblea que les permitirá circular en todo el país.

La puerta para llegar a esta solución llegó con la sanción de la nueva ley de tránsito, la Ley 9.024, que fuera sancionada en noviembre del año 2017. Allí se establece que “todos los aspectos referentes a la revisión técnica periódica serán reglamentados por el Poder Ejecutivo manteniendo un criterio de uniformidad con las normas que la Nación adopte al respecto”, por lo que se sanciona el decreto reglamentario 326/2018.

El poder ejecutivo deja en manos de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la provincia “pudiendo ésta ejercer la prestación del servicio y su control y fiscalización en forma directa o indirecta, a partir de otorgar permisos, habilitaciones, concesiones y/o de suscribir convenios con instituciones públicas, sean o no estatales. Por lo que con el resultado de la Res. 106 es que surge un convenio que suscribió el titular de la Secretaría de Servicios Públicos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Con la resolución N°106/2018  de la Secretaría de Servicios Públicos, Mendoza queda dentro del sistema nacional y con las exigencias nacionales respecto de los ítems a verificar, así como también respecto de las condiciones mínimas que deben cumplir las plantas de revisión técnica.

2.- Problemática actual.

Ahora bien, en la Provincia de Mendoza, actualmente existen cinco talleres inscriptos que se están equipando para prestar el servicio de RTO en la provincia, y que se encuentran registrados por la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial a cargo del Director Sr. Hugo Fiorens, y coordinado por la Secretaria de Servicios Públicos en cabeza del Sr. Natalio Mema. Sin embargo, los interesados han peticionado únicamente la titularidad de un centro cada uno – la legislación establece un máximo de dos. Entonces, la gran problemática es que a siete meses de ponerse en marcha la obligatoriedad de la RTO, estos talleres aun no están funcionando atento a que aún se encuentran realizando los trámites municipales de habilitación para la puesta en marcha, por lo que la obligatoriedad de la revisión el 1 de enero del 2.020 hará colapsar el servicio en perjuicio del usuario.

Hay que evitar que con la Revisión Técnica Obligatoria se vulneren derechos esenciales consagrados en nuestro Art. 42 de la Constitución Nacional, atento a que este sistema implementado a nivel provincial debe garantizar que los consumidores y usuarios gocen en la relación de consumo, a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; por lo que las autoridades provinciales deberán proveer a la protección de esos derechos.

Debemos mencionar que el Art. 15 de la Resolución 106 de la Secretaria de Servicios Públicos, establece que los Centros de Revisión Técnica Obligatoria por el servicio de inspección, no podrán solicitar en concepto de pago a los usuarios, incluida la oblea, un valor superior a: 1.- 74 U.F. para vehículos livianos (Hasta 3.500kg.), 2.- 95 U.F. para vehículos pesados (más de 3.500kg.), 3.- 53 U.F. para ciclomotores y motocicletas; lo que equivale a: a.- $888 para vehículos livianos, b.- $ 1.140 para vehículos pesados, c.- $ 636 para ciclomotores y motocicletas.

Todos estos montos son calculados al costo de la Unidad Fija, el que ronda actualmente en los $12,00.

Desde nuestro bloque solicitamos a la Secretaria de Servicios Públicos instrumente una “tarifa social” diferencial, para usuarios de rodados que no puedan afrontar el pago de dicha tarifa, como es el caso, por ejemplo, de motocicletas que no superen un valor mayor a los $30.000, ya que los montos fijados en la Res. 106, podrían llegar a resultar confiscatorios atento a que el monto del servicio en ciertos casos podría llegar a ser elevado en comparación con el avalúo del moto vehículo y menos aún si no se tienen en cuanta los ingresos que percibe el usuario.

El Art. 18 de la Resolución N°106 establece un plazo de frecuencia para la revisión técnica de vehículos, el que será cada 12 meses a partir de los 12, 24 o 36 meses de antigüedad, dependiendo la categoría del vehículo, lo que implica para los usuarios una pérdida de tiempo y de dinero que no tienen razón de ser, atento al gravísimo deterioro de los calles y rutas de la Provincia.

Desde el Bloque “Protectora”, proponemos que la RTO se realice en forma bianual, atento a que el plazo sin ningún problema podría extenderse como mínimo a 24 meses, ya que no se advierte la necesidad y fundamento alguno de que la revisión deba realizarse tan solo cada 12 meses. Ello teniendo en cuenta que solo el 5% de los siniestros graves de nuestro país se producirían a causa de problemas mecánicos en los vehículos, por lo que no se entiende como la realización de la Verificación Técnica Vehicular cada 12 meses podría redundar en una disminución de la siniestralidad vial.

Otro punto cuestionable tiene que ver con el “relajamiento” con que se realizan los controles en algunos de los talleres habilitados en otras jurisdicciones del país. La realidad de los hechos muestra que hay muchos propietarios de vehículos que no se encuentran en buen estado que deciden ir a talleres lejanos a su domicilio, pero con la tranquilidad de que “ahí la hacen fácil”. Es por ello que debería tenerse en cuenta esto y establecerse la obligación de que la verificación deba realizarse únicamente en el taller del departamento al que corresponda el domicilio del titular del vehículo, a fin de erradicar estas prácticas viciosas y predatorias de algunos talleres para ganar clientes en el marco de una competencia desleal.

No debemos permitir que se construyan sistemas concentrados donde un grupo de cinco empresas absorban este servicio, generandose un abuso de una posición dominante en el mercado, situación regulada y sancionada por la Ley 25.156 de defensa de la competencia.

Lo que proponemos del bloque es evitar esta situación, solicitando se distribuya esta actividad en pequeños talleres habilitados para que se fomente el empleo. Debemos destacar que la RTO será un negocio que superaría los 200 millones de pesos anuales aprox., por lo tanto hay que impedir que de este mecanismo se cree un nuevo foco de negocios políticos como pasó con la verificación policial con el manejo de policías retirados (CERPOL).

Por un informe difundido por el Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, la provincia de Mendoza se encuentra entre las diez provincias en las que más creció el parque automotor, superando incluso a la provincia de Buenos Aires. En la provincia, la cantidad de autos aumentó el 183% desde el año 2006 hasta el año 2014. En Mendoza hay 263 autos cada mil habitantes o, lo que es lo mismo, hay un auto cada tres personas. Por este motivo es que desde el bloque observamos una imposibilidad física para que solamente cinco talleres operen en la provincia de Mendoza, colapsando el sistema y generando una interminable fila de vehículos en espera por día.

Los cambios afectarían a un parque aproximado de 770.000 vehículos que tendrán que pasar por la RTO de los cuales, 470.000 son autos y 300.000 son motocicletas. Haciendo un simple cálculo a modo de ejemplo podemos ver que si en un año tendrían que pasar 770.000 vehículos en Mendoza, divididos por cinco talleres que se habilitarían este año nos da un numero de 154.000 autos por año, del cual, si lo dividimos por 302 días hábiles tendrían que pasar un promedio de 510 vehículos por día en cada taller habilitado, por lo que vemos una imposibilidad fáctica que tan solo en un año pueda llegar a pasar todo el parque automotor de Mendoza.

Ahora bien, a la fecha no existe habilitación municipal de estos cinco talleres hasta el momento en Mendoza, por lo que se estima que en Septiembre empezarían a operar, existiendo solo tres meses para que el parque automotor provincial comience a concurrir a estos talleres para realizar la RTO, atento a la obligatoriedad impuesta para el 1° de enero de 2.020, por la Res. 106.

Desde nuestro bloque proponemos que se realicen informes técnicos fundados, con relación a la capacidad de cada taller para la atención diaria brindada al usuario y la posible fragmentación de talleres en cada departamento del gran Mendoza, con la finalidad de brindar un servicio adecuado para el usuario, con un plazo que no supere los 30 minutos de espera, conforme RES. N° 102/15 de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Pcia. de Mendoza, y asi, garantizar los derechos consagrados en el Art. 42 de Nuestra Carta Magna.

Es de destacar la queja de gran parte de los usuarios que ven a este tipo de controles como meramente recaudatorios, ya que argumentan que los vehículos en gran medida se deterioran producto del grave deterioro de calles y rutas de la provincia como también de los mecanismos usados por el Gobierno Provincial en materia de seguridad vial en las calles, y que son extremadamente nocivos para el vehículo como los son los reductores de velocidad, (Tachas). Entonces, creemos que la RTO es un sistema que se crea como única y exclusiva finalidad recaudatoria, argumentando una finalidad preventiva de accidentes viales.

Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me acompañen en el presente proyecto de resolución.

 

 

mnv-r- Suspensión de la revisión técnica vehicular

 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

RESUELVE:

 

ARTICULO 1º: Solicitar a la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, dependiente de la Secretaria de Servicios Públicos:

a.- Suspenda la puesta en marcha y obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria inter tanto exista informe técnico fundado, conforme la capacidad de atención con relación al volumen de vehiculos existentes en la Pronvincia, que garantice una adecuada atención al usuario en cada departamento del gran Mendoza, con un plazo que no supere los 30 minutos de espera conformeRES. D.D.C. 102/15 de la Pcia. de Mendoza, a fin de poder cubrir la demanda que exigirá el parque automotor de la Provincia de Mendoza.

b.- Asimismo sugerimos que la revisión técnica obligatoria tenga una vigencia bianual, o sea de 24 meses, modificandose en su caso el art. 18 de la Res. 106 de la Secretaria de Servicios Públicos.

c.- Se instrumenten mecanismos necesarios para la creación de una “tarifa social”, diferencial, para usuarios del servicio que no puedan afrontar el pago de la tarifa plena fijada por el Art. 15 de la Res. 106, teniendo especial consideración a los ingresos que percibe el usuario.

ARTÍCULO 2°: De forma.

 

 

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